“Al trigo lo salvamos entre todos”, fue la arenga que trazó las deliberaciones en el congreso Todo Trigo 2009, la cita que convoca a los principales referentes de la actividad en todo el país, un encuentro de alto contenido político donde se cuestionaron esencialmente las políticas públicas y la intervención oficial al mercado del cereal fino y, desde el punto de vista técnico, los efectos del clima sobre la producción.
“En sólo dos campañas los productores transfirieron alrededor de 3.900 millones de dólares al Estado, de los cuales sólo un 40% fue destinado a sectores pobres y el resto se desvió a consumidores que podrían haber pagado precios más altos, como exportadores de cereales y los molinos”, denunciaron los representantes de la actividad primaria en un documento elaborado por Raúl Dente, director ejecutivo de la Federación de Acopiadores de Granos.
   El espacio ofició de escenario para la reedición de los reclamos del sector agropecuario hacia el gobierno —que fueron postergados en los últimos tiempos de la agenda pública por las demandas de otros sectores de la sociedad— en buena parte por la presencia de los referentes de las entidades que conforman la mesa de enlace agropecuaria, quienes tuvieron presencia en casi todos los paneles.
   El debate que tuvo lugar en Mar del Plata y reunió a más de mil asistentes, sintetizó el espíritu de los productores trigueros que reclaman a gritos la liberación del mercado y que se mostraron muy preocupados por las perspectivas de la campaña 2009/2010 que, aseguran, será la que registrará el nivel de siembra más bajo en 100 años.
   Las estimaciones más pesimistas hablan de que la campaña que se avecina podría ser una de las más bajas en cien años, con una intención de siembra que oscila los 3,7 millones de hectáreas, lluvia mediante.
Por otra parte, también estiman que habría que importar trigo, especialmente de Uruguay, lugar donde muchos argentinos arriendan campos y producen el cereal de invierno.
   Otros puntos que despiertan el malestar del sector son el nivel de retenciones y el cierre del registro de exportaciones.

Pase de facturas. Ante la denuncia de la transferencia de fondos del productor a otros eslabones de la cadena como molineros y exportadores, éstos salieron a defenderse argumentando que no hubo tal desvío y, luego de algunas diferencias —como la del aval de los exportadores al nuevo acuerdo firmado entre ese sector y el gobierno— la discusión se saldó cuando las partes acordaron que “la intervención estatal no era la mejor política para el sector”, dijeron.
   Alberto España, de la Federación Argentina de la Industria Molinera (Faim) defendió a la industria argumentando que “los molinos no se quedaron con ganancias que no le corresponden, sino que cuentan con un sistema de compensaciones acorde con la mayor frecuencia de los períodos de pago”.
   Por su parte, Guillermo Ambrosetti, economista de la Sociedad Rural Argentina, dijo que “por las manipulaciones del gobierno, estamos camino a la desaparición de la Argentina como proveedor en el mercado mundial de trigo” y recordó que esto fue porque “se destruyó la producción con el cierre de las exportaciones y la falta de transparencia en los mercados”.
   El representante de Coninagro, Daniel Asseff, reclamó que “los registros estén abiertos para incentivar la producción, ya que las políticas erróneas que implementó el gobierno destruyeron las herramientas de financiamiento de los pequeños y medianos productores”.
   El reclamo generalizado es que se vuelva a la situación previa a mayo de 2006. “Hoy ningún productor tiene expectativas de crecer con este cultivo porque el gobierno se desentendió de las políticas para el sector”, dijo Javier Jayo Ordoqui, de Confederaciones Rurales Argentinas